¿Quién elige los dirigentes de España? ¿Por qué, sea cual sea el resultado de las elecciones generales, la política de este país parece seguir un camino inescrutable hacia la frustración y el desapego de la ciudadanía con sus instituciones y órganos políticos?
España ha evolucionado mucho desde los tiempos oscuros de la dictadura y la esperanzadora transición. Ciertamente, hay libertades, pero los acontecimientos que tienen lugar últimamente alrededor de las políticas económica y cultural hacen que me plantee si vivo en un país realmente democrático.
Que un partido socialdemócrata lleve a cabo políticas económicas contrarias a su ideario, con un cambio de discurso y de agenda a media legislatura, es más que sospechoso. Pero lo es más todavía que se empecine en aprobar una ley que no sólo no tiene un apoyo social mayoritario, sino que suscita un rechazo amplio y manifiesto por parte de diferentes sectores de la sociedad.
Efectivamente, me refiero a la Ley Sinde. Y me niego a hablar de un debate entre creadores e internautas. Me niego porque creadores somos todos desde el momento en que dedicamos parte de nuestro tiempo a hacer cosas para los demás, y porque los internautas no son un colectivo definido y con intereses comunes, sino un conjunto de ciudadanos, cada vez mayor, que comparte un punto de encuentro en la Red, pero que se dedica a sus quehaceres cotidianos fuera de ella. Cuando hablamos de internautas englobamos a abogados, escritores, actores, estudiantes, adolescentes, jubilados, emprendedores, informáticos, científicos, profesores… y así sigue una retahíla de variopintos sustantivos. Personalmente, prefiero ver el asunto como un conflicto entre los beneficiarios de derechos sobre obras intelectuales, que no necesariamente son sus autores —o no sólo—, contra el resto de la sociedad.
La puesta en marcha de un acuerdo entre gobierno y oposición para sacar adelante una ley que rechazaría la inmensa mayoría de sus votantes si supieran de qué va el asunto es preocupante. Lo es también descubrir a través de filtraciones de Wikileaks que nos gobiernan unos hipócritas al servicio de EEUU que llegaron al poder criticando el servilismo del anterior gobierno a los intereses norteamericanos e incluso despreciando sus símbolos nacionales. Pero lo que más me preocupa es la manera en la que se gobierna en España. El modo mediante el que se llega al poder en este país no es ni transparente, ni mucho menos democrático.
No se puede llamar democracia al simple hecho de dejar en manos de la sociedad la elección entre dos colores como quien escoge las prendas con las que se viste cada mañana. La elección real no es el color, sino quién está detrás de él. ¿Quién elige a los cabezas de lista? ¿Quién decide las opciones que tenemos los ciudadanos a la hora de elegir las alternativas de gobierno? He aquí una explicación. El poder político de España no está en manos del pueblo, sino en mano de los partidos. O mejor dicho, en manos de quienes controlan de facto los partidos políticos.
No me gusta nada la forma en la que se está promocionando a Rubalcaba como posible sucesor de Zapatero como candidato por el Partido Socialista. Debería haber unas primarias democráticas y abiertas a cualquier posible candidato, no sólo a los que la dirección del partido diera su visto bueno. Aún menos aceptable es que esa misma dirección escoja a quién podremos elegir los ciudadanos para que el partido pueda seguir llevando a cabo sus políticas reprobables de manera falsamente respaldada por la población.
Hace falta una profunda reforma democrática del sistema político español. Los partidos políticos actuales son entes demasiado abstractos y poco transparentes. Hay una división demasiado clara entre política y ciudadanía y deberíamos tener un sistema que facilite el paso de la ciudadanía por la vida política y el retorno de los políticos a la vida de los ciudadanos sin poder de manera no traumática. La política no puede ser una profesión. Debe ser el instrumento de la sociedad para ejercer su autogobierno, no el modus vivendi de un gremio de profesionales de los que desconocemos sus intereses particulares y dicen trabajar por el bien de la sociedad. Esa sociedad a la que pretenden representar pero a la que creen que no le deben ningún tipo de explicación ni justificación de sus actos.
